En Colombia, después de 21 días de protestas a nivel nacional de
miles de agricultores, que bloquearon más de 40 carreteras en todo el
país, el Gobierno colombiano está dispuesto a negociar ante el rechazo a
un proyecto de Ley y también a la liberación de los manifestantes
detenidos.
Óscar León.- En Colombia, después de 21 días
de protestas por parte de los agricultores, que recibieron el apoyo de
conductores de camiones y autobuses, de los mineros, estudiantes y otros
colectivos, que se unieron a las grandes manifestaciones en las
ciudades y pueblos de todo el país, como Boyacá, Cundimarca, Cauca,
Huila, Putumayo, Caldas y Nariño, bloqueándose más de 40 vías. Fue una
protesta histórica, lo que obligó al Gobierno a negociar ante el rechazo
de un proyecto de Ley agrícola, así como la liberación de las
manifestantes detenidos.
El domingo 8 de septiembre, el Vicepresidente
Angelino Garzón se reunió con la Comisión Negociadora en Popayán y se
acordó la suspensión de la Ley 970, que daba el control de las semillas
al Gobierno. También prometió la liberación de 648 detenidos durante las
protestas y la redacción de una nueva Ley de minería.
Este primer acuerdo provisional establece la
compensación a los agricultores por sus pérdidas al tener que competir
con productos importados más baratos debido a los tratados de libre
comercio con otros países. Se suspenderá la importación de algunos de
esos productos.
Las protestas terminaron y comenzaron las
negociaciones para discutir las propuestas de los agricultores. El
proceso de negociación, así como los acuerdos finales y sus aplicación,
será verificado por las Naciones Unidas.
En Putumayo, al sur del país, los líderes de los
agricultores y otros representantes de la sociedad colombiana se
reunieron con el Presidente Santos, dando comienzo oficial a las
negociaciones tras la firma de un documento inicial.
La destrucción de las semillas de arroz, semillas que
se conservan para la siembra del año siguiente, se realizó en Campo
Alegre y otras ciudades durante 2012, convirtiéndose en un símbolo de la
lucha y protestas de los agricultores, que quieren seguir manteniendo
sus semillas. El control de las semillas fue descrito por el Presidente
Santos como “un ajuste a la realidad internacional”.
La suspensión de la Ley 970 es una victoria parcial,
pero un importante hito para el movimiento social de Colombia. No sólo
se consiguió la suspensión de la Ley, sino lo más importante, que el
Gobierno reconozca a las organizaciones agrarias: Mesa de Interlocución
Agraria, Mesa por el Diálogo Agrícola. Estas organizaciones fueron
elegidas por la Coalición de Movimientos Sociales y Políticos de
Colombia para negociar con el Gobierno durante la organización de las
protestas.
La prensa informó de los intentos del Gobierno para
negociar con varios grupos de agricultores. Sin embargo, todavía 13
regiones continuaron con los paros, de modo que el Gobierno se vio
obligado finalmente a sentarse y negociar con los agricultores.
Tristemente forma parte de la historia reciente de
Colombia. Grupos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional han
documentado ataques a los agricultores colombianos y a los líderes
sindicales, que han sido secuestrados y asesinados por fuerzas
paramilitares, e incluso por parte del Ejército, según Informes
publicados por Amnistía Internacional.
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR23/038/2013/en Index Number: AMR 23/035/2013
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR23/035/2013/en/ab9d3e3a-ccac-401d-99d8-dc3855a7247b/amr230352013en.pdf
Una de las ciudades que inició la lucha social fue El
Catatumbo , en Tibú, norte de Santander, al noroeste de Colombia, donde
los agricultores locales resistieron durante 51 días de batallas
callejeras, como la se puede ver en el vídeo.
La lucha de El Catatumbo inspiró a miles de
agricultores a perder el miedo, y un mes después de aquellos sucesos
comenzaron las protestas de los agricultores en todo el país, un paro de
21 días, forzando al Gobierno a la suspensión de la Ley 970,
estudiándose otras propuestas.
Para forzar la reanudación de las negociaciones, los
huelguistas reabrieron las vías que habían bloqueado. Las negociaciones
están en curso para decidir sobre cuestiones estructurales.
Estas son algunas de sus peticiones:
* Establecer los precios de los productos agrícolas
independientemente del mercado internacional, y establecer un fondo para
cubrir la diferencia y ayude a los agricultores locales, obteniendo un
precio justo y se garanticen sus cosechas;
* Reducción en el precio de los combustibles, los peajes, y reducción el precio de los fertilizantes y otros insumos;
* Suspensión de la actual política agraria,
incluyendo el control de las semillas, y otras políticas que no
favorecen a las pequeñas y medianas explotaciones;
* Suspender la importación de muchos productos
agrícolas, pero también la revisión de los Tratados de Libre Comercio
con Estados Unidos, la Unión Europea, China y otros países;
* Condonación de las deudas de los pequeños y
medianos agricultores, y la aprobación de créditos blandos para los
agricultores a través de los bancos públicos;
* Detener y revertir la venta de tierras públicas a
propietarios internacionales, y favorecer su adquisición por parte de
los agricultores locales.
Con el sector minero también se produjo un compromiso para incluir sus demandas, algunas de las cuales son:
* Participación de los operadores mineros tradicionales para establecer la política que ha de regular esta industria;
* Detener e incluso revertir algunas concesiones
mineras y contratos públicos hasta que se determine cómo afectan a las
comunidades locales, si los recursos generados en las minas benefician a
estas comunidades y que se permita trabajar también a los pequeños
operadores locales.
Minero.- En mi ciudad, las grandes minas a
cielo abierto están destruyendo una forma de vida que hemos mantenido
desde hace 500 años. Esto nos llena el corazón de tristeza; hemos
luchado históricamente por estas tierras y por mantener una minería
artesanal.
Óscar León.- La población en general solicita
para las poblaciones rurales y las ciudades mayores posibilidades para
acceder a la educación, a la salud, a los servicios públicos y viviendas
más asequibles. Muchas de estas peticiones van en contra de las
políticas neoliberales adoptadas por las anteriores administraciones
colombianas.
El paro nacional ha sido seguido por un segmento más
amplio de la población de lo que se pensaba. Lo que comenzó como una
huelga de agricultores y mineros se convirtió rápidamente en un paro
general, secundado por los transportes, estudiantes y la población en
general, saliendo a las calles para gritar sus demandas.
Se han producido enfrentamientos en la calle, como en
Bosa, en un barrio en las afueras de Bogotá, donde muchos de los
manifestantes intentaron tomar un puesto policial.
La organización del paro informó de 660 violaciones
de los Derechos Humanos, todos ellos documentados. La brutalidad de la
Policía y la negativa del Presidente a reconocer a las organizaciones de
agricultores, así como la difícil situación económica de los
colombianos, que tienen un salario mínimo de 291 dólares, con un precio
de 4,6 dólares el galón de gas, todo ello generó una tormenta perfecta
que estalló en agosto.
La Policía realizó 648 detenciones. Las
organizaciones de agricultores dijeron que 262 de esas detenciones
fueron ilegales y 485 heridos y 12 muertos en la semana marcada por la
protesta. El Presidente Santos accedió a negociar después de que su
popularidad bajase a uno de los índices más bajos, el 21%, reconociendo
que era necesario negociar con los líderes del paro nacional.
Todavía no sabemos si el Gobierno de Santos accederá a
las peticiones de los agricultores, especialmente en aquellas más
estructurales.
http://ecocosas.com/noticias/los-agricultores-colombianos-logran-mantener-el-control-de-sus-propias-semillas/
